El Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA) resolvió recomendar a las autoridades mexicanas la cancelación de los proyectos de las presas La Parota, en Guerrero, y Arcediano, en Jalisco, así como el de la cuarta etapa del sistema Cutzamala.

Esa instancia de carácter ético destacó en sus resoluciones la notoria conducta omisa y negligente de las autoridades de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y de la Procuraría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) respecto de su obligación para controlar las actividades degradatorias y prevenir impactos ambientales. También condenó las consecutivas omisiones de Petróleos Mexicanos (PEMEX) en el adecuado manejo de emergencias ambientales con materiales peligrosos.

Al emitir el veredicto de 14 casos analizados, la mitad de ellos referentes a agravios ambientales, con fuertes afectaciones en la salud de pobladores en distintas zonas de México, el TLA expuso, entre sus considerandos, las recurrentes violaciones a la Constitución del país y a leyes generales.
"Excusas irrisorias"

La directora regional para México, Centroamérica y El Caribe de la Fundación, Heinrich Böll, una de las organizaciones que proporcionó el apoyo estratégico al tribunal, destacó la ausencia de respuesta por las instituciones demandadas. De 62 organismos públicos y privados, sólo se obtuvo respuesta de 17. Y de los 14 casos analizados, sólo dos de los demandados se presentaron al tribunal, algunos con "excusas irrisorias".

Después de una jornada de ocho días de audiencias públicas, no sin complicaciones porque hubo miembros del jurado y denunciantes que no pudieron llegar a México debido a que el gobierno les negó las visas, el TLA dio a conocer sus veredictos. Así, exhortó a las autoridades competentes a ordenar la suspensión de las obras de la presa de Arcediano en la barranca de Juanacatlán, Jalisco, entre otras razones, porque el agua que se utilizaría, proveniente del río Santiago, es inadecuada para el uso humano, aunque se sometiera a tratamiento.
En cuanto a la presa de La Parota -que ocasionaría la inundación de 17 mil hectáreas de selva, además de que más de 25 mil personas serían desplazadas-, el TLA recomendó la suspensión del proyecto, pues "no se demuestran los beneficios a la población local ni su contribución al desarrollo regional ni a la protección del medio ambiente y los recursos naturales". Esta iniciativa carece de justificación sólida y no es claro quién o quiénes serán los "verdaderos beneficiados".

En relación con la denuncia del trasvase del sistema Cutzamala, que fue presentada por separado por la comunidad de mazahuas del estado de México y por la Red Ecologista Autónoma de la Cuenca de México, resolvió que es inviable ese trasiego hacia la ciudad de México desde otras cuencas como una solución para atender los problemas de abastecimiento "por cuanto vulnera los derechos originales del pueblo mazahua en el control del territorio y sus recursos naturales y atenta contra su cultura". Por ello, recomendó la cancelación de la cuarta etapa.

En cuanto al expediente de contaminación industrial en los ríos Atoyac y Xochiac, en Tlaxcala y Puebla -en el que entre los denunciados está la empresa Textiles NK de Oriente, "vinculada al empresario Kamel Nacif", según establecieron los denunciantes-, resolvió reconocer la responsabilidad de todas las industrias asentadas en el parque industrial Quetzalcóatl, en la cuenca del río Atoyac, que "descargan sus aguas servidas del proceso industrial, por la contaminación del río". Por esto, exhortó a las autoridades locales, estatales y federales a tratar el caso con la importancia y seriedad de "un grave desastre ambiental y social".
Sobre el caso de contaminación de la Bahía de Zihuatanejo -donde se vierten aguas residuales de cinco plantas de tratamiento y existe contaminación fecal, fisico-química y bacteriológica por encima de los límites establecidos-, observó que la calidad de esas aguas constituyen un riesgo para la salud de la población y resolvió reconocer la conducta omisa y negligente de autoridades de Semarnat, la Conagua y la Profepa. Recomendó, entre otros puntos, preparar un plan maestro para el manejo de la bahía.

Respecto de la denuncia del derrame petrolero en el río Coatzacoalcos, en Veracruz, ocurrida en diciembre de 2004, el TLA apuntó que las medidas tomadas por Pemex para limpiar los residuos fueron irregulares, ya que sólo dos de las ocho empresas contratadas contaban con registro oficial de la Semarnat, y señaló que la paraestatal está obligada a cumplir con las normas y leyes nacionales, así como los acuerdos y convenios internacionales en materia de derechos humanos, sociales y ambientales. Recomendó, entre otros puntos, que Pemex establezca un programa para el saneamiento de ese río.

El jurado, integrado por Alexandre Camanho, Alfredo Valladares, Patricia Avila, Philippe Texier, Selma Díaz, Augusto Willemsen, David Barkin y Oscar González, expresó en voz del brasileño Alexandre Camanho que durante las audiencias fueron testigos de la inadecuación del Estado para dar solución a la problemática de la gente.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Alvarez Icaza, expresó que las autoridades mexicanas están obligadas ética y moralmente a atender las resoluciones del TLA.
Frente a campesinos, lancheros, indígenas y representantes de organizaciones sociales, cuyos rostros no ocultaban la satisfacción por los veredictos, el presidente del TLA, Javier Bogantes, enfatizó que el trabajo de esa instancia debe entenderse en el deber ser, en el campo de la ética.

El tribunal también emitió resoluciones favorables para las denuncias presentadas por representantes de Panamá, Brasil, Perú, Bolivia, El Salvador, Guatemala y Nicaragua. Y en su Declaración Latinoamericana del Agua estableció el derecho de los pobladores de la región a una adecuada cantidad y calidad del líquido.