Uso
Social y Gestión Gubernamental del Agua en México
Nuestro
planeta está envuelto en agua, y aún así casi
ocho
millones de niños por debajo de los cinco años
morirán
este año debido a la escasez de agua.
La
misma ironía es vista con 800 millones de personas
que
viven en riesgo por las sequías.
Dos
tercios de la población rural mundial
no
tienen acceso al agua potable;
mientras
millones se quedan sin hogar anualmente
debido
a las inundaciones, y cientos
de
millones no pueden enfrentar las sequías.
Programa
de las Naciones Unidas
para
el Medio Ambiente
Patricia
Romero Lankao
INTRODUCCIÓN:
DOS MITOS
Es
común concebir al agua como recurso abundante y
renovable. lo primero procede de
constatar su presencia en tres cuartas partes
del globo terráqueo y en los 500 mil km²
de plataforma continental con que cuenta méxico
(ponce, guadalupe 1997). lo segundo surge de pensar
que se mantiene la cantidad total del agua, no
obstante su constante flujo a través de mares, atmósfera
y superficie de la tierra (ciclo hidrológico).
Sin
embargo, si uno se detiene a analizar más
detenidamente cuestiones como la calidad y cantidad
del agua, tendrá que relativizar dicha concepción.
El agua que utilizamos debe cumplir con ciertos
requisitos: ser ante todo potable, no corrosiva, no
tóxica y no cancerígena. La potabilidad, por
ejemplo, conduce a descartar el aprovechamiento del
agua de mar, a menos que sea sometida a desalinización
y a tratamiento terciario (en el caso de las costas
de Veracruz, Tabasco, Campeche y otros estados de
nuestro país, profundamente perturbadas por la
emisión de contaminantes).
En
cuanto a la cantidad, es ínfima la proporción de
agua que fluye de un medio como el mar a otro como
el aire (0.001%). Y este porcentaje corresponde a la
constante regeneración de agua para uso y consumo
humanos. Lo mismo ocurre en México país, que no
obstante contar con una precipitación promedio de
777 mm sobre todo su territorio, equivalente a un
volumen de 1522 km³,
sólo puede aprovechar 49 km³
(el 3.2%) gracias a una infraestructura de
almacenamiento y regulación.
El
agua se distribuye desigualmente, tanto en términos
espaciales como temporales. El 50% del volumen
escurrido se genera en tan sólo el 20% de la
superficie del país localizada en el sureste,
mientras que el 4% del escurrimiento se genera en la
parte norte del país en una superficie del orden
del 30% del territorio nacional (Comisión Nacional
del Agua, 1997). Algunas zonas, como las de Campeche
y Tabasco, sufren de constantes, o cuando menos periódicas,
inundaciones. Mientras que otras áreas padecen de
sequías, como las localizadas en Sonora, Chihuahua,
Coahuila y otras entidades septentrionales del país.
No sólo eso, una misma región se ve sometida a lo
largo del año a estaciones de lluvia y secas, así
como a heladas y nevadas.
Diversos
factores se articulan para determinar, en cualquier
región, la escasez o –en
su defecto–
la sobreabundancia del vital recurso: el clima de la
zona, su altura, latitud y longitud, su régimen de
precipitación, tipo de suelos y de vegetación, así
como el grado de perturbación a que han sido
sometidos los recursos regionales.
EL
MODELO MEXICANO
El
gobierno mexicano ha sido, durante el presente siglo
y cuando menos hasta la década de los ochenta, el
principal promotor, regulador y gestor de nuestro
modelo de aprovechamiento del agua. Diversos
supuestos y valores han guiado las políticas hidráulicas
de las autoridades:
El
antropocentrismo y el culto al progreso. El primero
nos hace considerar a los humanos como seres
prioritarios, y al agua y a otros recursos naturales
como simples medios para la realización de nuestras
actividades productivas y cotidianas. El culto al
progreso, nos ha conducido a concebir a la
contaminación, el deterioro y la sobreexplotación
del agua y otros recursos naturales, como
consecuencias inevitables del crecimiento económico,
fuente por excelencia del bienestar social. Gran
parte de los grupos sociales y organizaciones públicas
y privadas mexicanas hemos compartido los dos
valores.
2)
La obra pública. La construcción y operación de
obras hidráulicas, como principal mecanismo para
incrementar la oferta de agua para riego, el
abastecimiento y el alcantarillado, entre otros
servicios, así como para satisfacer las crecientes
demandas, asociadas tanto al incremento de la
población como al crecimiento económico del país.
El
gobierno mexicano ha sido el principal constructor,
gestor y operador de una compleja infraestructura
hidráulica conformada en la actualidad por 1,273
presas de almacenamiento, 80 distritos de riego, 30
mil unidades de pequeño y mediano riego e infinidad
de sistemas de abastecimiento de agua y
alcantarillado, tantos como las 22,770 localidades
con que cuenta el país, de acuerdo a la Comisión
Nacional del Agua (1997). La infraestructura se ha
destinado a satisfacer las necesidades de usuarios
como los:
Domésticos,
conformados por 91.6 millones de habitantes,
distribuidos en 156,603 localidades urbanas y
rurales. Del total de habitantes del país, sólo el
71.1% cuenta con abastecimiento y 53.45 con
alcantarillado (Comisión Nacional del Agua, 1997).
Agrícolas,
quienes explotan 5.6 millones de hectáreas
correspondientes al 28% de la superficie agrícola
del país;
Industriales,
comerciales y de servicios, cuyos establecimientos
tienden a concentrarse en localidades urbanas. De
los 123, 346 establecimientos industriales con que
contaba el país en 1993, se encontraba
98.9 % dentro de zonas urbanas, y
De
generación de energía eléctrica cuyas plantas
son, de acuerdo a las autoridades hidráulicas, los
únicos usuarios que retornan la totalidad del agua
aprovechada (Comisión Nacional del Agua, 1996).
Rasgos
sociales y consecuencias socioambientales
Diversas
peculiaridades sociales y ambientales distinguen el
uso del agua en México. La primera se refiere a la
desigual distribución del recurso, tanto sectorial
como regionalmente. Mientras es de 97.8% la
cobertura de agua potable en localidades urbanas de
más de 80 mil habitantes, en poblados rurales de
hasta 999 habitantes apenas asciende al 45.4%.
Algunos sectores domésticos cuentan con una dotación
promedio de 600 litros por habitante al día,
mientras que otros con 80 litros. Más alarmante es
la desigualdad en materia de alcantarillado, que
cubre las demandas del 92.1% de la población de
localidades urbanas de más de 80 mil habitantes y
apenas el 16.2% de las necesidades de localidades
rurales de hasta 999 habitantes (Conapo-cna 1996).
No
menos dispar es el acceso agrícola al vital líquido.
No sólo porque apenas beneficia al 30% de la
superficie agrícola sino porque ésta tiende a
concentrarse en unas cuantas entidades del noroeste
del país, cuya actividad, en vez de satisfacer la
deficitaria demanda nacional de maíz, frijol y
otros granos básicos, exporta a Estados Unidos;
uva, tomate y otras hortalizas y frutas.
El
injusto acceso al agua se origina, no sólo en políticas
de dotación que tienden a beneficiar a algunos
sectores y regiones (como la zona metropolitana de
la ciudad de México o la agricultura de riego) sino
también en prácticas sociales contrarias a la
equidad, tales como la desviación de corrientes, la
apertura clandestina de pozos, el acaparamiento y el
robo del recurso.
El
desperdicio es el segundo rasgo del uso del agua,
originado en, por lo menos, dos factores. El primero
se conforma por las deficiencias y la falta de
mantenimiento de la infraestructura, que hacen que
la agricultura de riego tenga, por ejemplo, una
eficiencia global en el consumo de tan sólo 45% y
que en ciudades como la de México, desperdicien
hasta 50% del agua. El segundo factor está dado por
las pautas de consumo de los usuarios, sobre todo
los que tienen acceso al agua regular, barata y
abundantemente proporcionada quienes, tal vez porque
todavía creen que ésta es inagotable, por no
otorgar legitimidad a las campañas gubernamentales
de uso racional, por las bajas tarifas, por la
cultura del no mantenimiento a instalaciones e
infraestructura, o por todos estos factores, siguen
despilfarrando el recurso.
Diversos
especialistas coinciden en señalar que el
desperdicio se vincula a las bajas tarifas pagadas
por los usuarios. “Actualmente –afirma
la Comisión Nacional del Agua–
la mayoría de las tarifas son insuficientes para
cubrir los costos de operación y financiamiento de
los organismos lo que, sumado a los problemas que
puedan presentarse en la facturación y la cobranza,
ocasiona deficiencias en la prestación de servicios
y la recurrencia al no pago por parte de los
consumidores” (cna, 1997).
El
precio del agua incide, efectivamente, en las pautas
de consumo. Sin embargo, no actúa solo. Dos
factores más son igualmente importantes:
Los
valores y actitudes de los usuarios: la percepción
distorsionada que tienen de la contaminación, la
sobreexplotación y otros efectos ambientales del
mal aprovechamiento del agua; la poca importancia
que otorgan al mantenimiento y al uso de
instalaciones de bajo consumo como mecanismos para
lograr una utilización racional del al agua, y la
baja legitimidad que dan a las medidas
gubernamentales tendientes a promover un adecuado
aprovechamiento del recurso.
El
ya citado acceso desigual al líquido, determinante
de que, por ejemplo, consumidores domésticos que
sufren por la escasez y deben pagar relativamente más
por la compra de tambos o pipas, cuiden el agua y la
usen dos veces: para el lavado personal o de
alimentos y después para los muebles de baño.
La
tercera característica de nuestro modelo de
aprovechamiento del agua se refiere a su intensidad
temporal y distribución espacial. La construcción
y operación de presas, pozos de extracción y
sistemas de transporte del agua de una cuenca a otra
de nuestro país, nos han permitido enfrentar la
desigual distribución espacial del agua: su
tendencia a concentrarse sobre todo en el sureste,
así como en parte del este y del oeste. Ha abierto
la puerta para el aprovechamiento durante la
temporada de secas del líquido almacenado en presas
y en mantos acuíferos. Ha permitido a centros
urbanos, como el de la ciudad de México, contar con
agua de otras cuencas (Lerma y Cutzamala).
Son
profundas, sin embargo, las consecuencias de la
construcción y operación de esta infraestructura.
La extracción del agua ha sido mucho más intensa
que la capacidad de infiltración y almacenamiento
en mantos acuíferos. Se ha sobreexplotado y
aprovechado inadecuadamente el líquido de infinidad
de acuíferos del país. Los acuíferos del Valle de
Juárez, Chihuahua, del Valle de Guadiana, Durango y
la región Lagunera presentan, por excesiva
explotación, altos niveles de concentración de
sales. El 38.5% de los acuíferos del altiplano de
la región noreste, que comprende Zacatecas,
Aguascalientes y parte de San Luis Potosí, están
sobreexplotados. Es de casi 100% la sobreexplotación
de los acuíferos de la cuenca del Valle de México.
Si
bien la construcción de presas ha beneficiado a
algunas regiones y sectores económicos y sociales
(consumidores de energía eléctrica, agricultores),
ha sido de negativas consecuencias ecológicas y
socioeconómicas para otros, tales como desecación
de terrenos, mayor incidencia de las inundaciones y
desplazamiento de comunidades locales. Ejemplar
al respecto fue la construcción y operación
de la presa Cerro de Oro, que implicó el
desplazamiento al sur de Veracruz de comunidades indígenas
oaxaqueñas.
Los
sistemas para abastecer a ciudades como la de México
de aguas provenientes de otras cuencas han provocado
problemas de sobreexplotación en éstas. Los cuales
se ligan a la desaparición de manantiales, la
desecación y la compactación diferencial de las
superficies en que se realiza la extracción, así
como la pérdida de calidad del agua de los acuíferos.
Fenómenos que afectan negativamente las actividades
locales, pues impiden o limitan el uso del agua y la
práctica de labores agrícolas, pecuarias y todas
aquellas vinculadas al vital líquido.
Los
usuarios del agua no solamente la hemos visto como
insumo vital para la agricultura, la industria, la
alimentación, la limpieza personal y otras tantas
actividades productivas y cotidianas, sino también
como receptor y transportador de nuestros crecientes
desechos. Hemos provocado la contaminación de aguas
subterráneas, con el uso de fertilizantes y
plaguicidas, así como con, la emisión de metales
pesados, sustancias tóxicas y orgánicas, entre
otros desechos provenientes de nuestras actividades
económicas y cotidianas. Fenómeno, el último, que
se agrava cuando los sistemas de drenaje de los
centros urbanos nacionales exportan a otras regiones
alrededor de 231 m³
por segundo de aguas residuales.
Infinidad
de cuencas hidrológicas, lagos aguas costeras y
otras formaciones hidrológicas del país sufren de
trastornos severos, y en varios casos,
irreversibles, por contaminación. Tal es el caso de
las cuencas del río Bravo y el río Coatzacoalcos;
las cuencas Lerma-Chapala y Pánuco; los
acuíferos de la región Lagunera y la cuenca
del Valle de México; gran cantidad de lagunas y
zonas costeras como las de Pátzcuaro, Términos y
Ostión, o las costas de Salina Cruz, Guerrero y
Michoacán, y de centros turísticos como Acapulco y
Cancún (el acuífero de este último, abastecedor
local de agua potable, está contaminado con materia
fecal).
La
contaminación de zonas costeras, corrientes
superficiales y acuíferos afecta no sólo la
calidad y salud de los ecosistemas y comunidades
vivas sino también a las actividades económicas,
calidad de vida y salud de las poblaciones asentadas
donde se localizan las formaciones de agua. Los
altos niveles de hidrocarburos en aguas costeras del
Golfo de México afectan, por ejemplo, la
posibilidad de explotar especies pesqueras como el
ostión. Las altas concentraciones de arsénico en
las aguas subterráneas de la Laguna (Coahuila y
Durango) contribuyen a la mayor frecuencia de
alergias, cánceres y deterioro dental de la población
local.
LOS
RETOS
El
reconocimiento de los fenómenos de sobreexplotación,
contaminación de fuentes superficiales y profundas
y deterioro de lagos, ríos y aguas costeras nos sitúa
ante una disyuntiva: dejar las cosas como están o
reestructurar nuestras actuales pautas de gestión
gubernamental y uso social del agua.
La
primera opción significa mantener un tipo de gestión
gubernamental y uso social del agua que no toca
problemas como el desigual acceso, el despilfarro,
la sobreexplotación y contaminación del vital líquido.
Es un modelo basado en la obra pública como
principal y apabullante mecanismo para satisfacer
las necesidades de los distintos usuarios del líquido
y que no resuelve las consecuencias ecológicas y
socioeconómicas que genera. Este esquema implica
seguir construyendo unidades de riego para los
agricultores y presas para el almacenamiento y la
generación de energía; traer de regiones cada vez
más lejanas el agua que sacie la sed de los
habitantes y sectores económicos de conglomerados
urbanos como los de Monterrey, México y
Guadalajara; continuar exportando, desde las
concentraciones urbanas que cuentan con sistemas de
alcantarillado, aguas residuales que, plagadas de
desechos orgánicos, metales pesados y sustancias no
biodegradables, contaminan cuerpos de agua,
superficies agrícolas y pecuarias y aguas costeras.
Un sistema que será cada vez mayor fuente de
inestabilidad social y conflictos regionales y
sectoriales por el acceso al agua, como los
recientemente escenificados por los pobladores de
Nuevo León y Tamaulipas.
La
segunda opción comprende la nada fácil tarea de
repensar y transformar cuestiones como el papel y
lugar de la intervención gubernamental en la gestión
del recurso; la participación de industriales,
agricultores, generadores de energía eléctrica y
usuarios domésticos, así como de organizaciones
civiles y políticas; la creación de nuevas pautas
de aprovechamiento del agua, que incluyan la
eficiencia en el consumo, el reciclamiento, el
respeto a la capacidad natural de recarga de acuíferos
y de amortiguamiento, de las presiones a que
sometemos a los cuerpos de agua.
La
reflexión en torno a la reconfiguración de la
participación del gobierno, los usuarios y las
organizaciones sociales y políticas en el uso y la
gestión pública del agua, nos obliga a discutir
las reformas que las autoridades
hidráulicas han promovido durante los últimos
años y entre las que sobresalen las modificaciones
al artículo 27 de la Constitución (1987), la nueva
Ley de Aguas (1992) y su reglamento (1994) y la
creación, en 1989, de la Comisión Nacional de
Aguas.
Las
reformas son guiadas por una nueva visión y
convicción gubernamental: deben ser menor la
intervención gubernamental y mayor la participación
de los sectores social y privado en la regulación
del uso y gestión del líquido. El Estado se debe
concentrar en crear las condiciones jurídicas e
institucionales (tales como
derechos claros de propiedad en torno al
agua) para un adecuado funcionamiento del mercado,
garantía del uso eficiente del recurso. Todo esto
significa, entre otras modificaciones del actual
modelo de aprovechamiento del agua, que:
Se
abre al sector privado la inversión en red climatológica
e hidrométrica, abastecimiento, drenaje y otras
obras de infraestructura hidráulica, cuya ampliación
sigue siendo parte de la política gubernamental
(ver Programa nacional hidráulico, 1996).
Se
transfiere a los agricultores la administración de
los distritos de riego.
Se
aplican los principios de que paga más quien más
agua usa y contamina, “independientemente de si
cuenta con el título o permiso correspondiente”.
Lo primero implica que todos los usuarios deben
pagar derechos sobre el uso de agua. Lo segundo, que
requieren permiso de la cna o de la autoridad
competente para descargar aguas residuales.'
Se
descentralizan, hacia las autoridades estatales y
municipales, funciones en la materia. En un primer
momento, programas operativos tales como los de Agua
limpia y Uso eficiente del agua.
Se
desarrolla un programa de comunicación, nacional y
localmente, en el que participan medios de
comunicación y otras instancias gubernamentales,
tendiente a generar entre los usuarios una cultura
del agua.
Las
reformas despiertan distintas reflexiones. Las
autoridades siguen ¾aunque
explícitamente no lo quieran¾
recurriendo a la obra pública y al incremento de la
oferta de servicios de agua como principal mecanismo
de gestión, el cual enfrenta, según vimos en el
inciso anterior, infinidad de límites ecológicos y
socioeconómicos.
Si
bien la participación de la iniciativa privada es
fuente de recursos para nuestro gobierno y mecanismo
de obtención de ganancias para las empresas, no
debe ser vista como la clave para resolver problemas
como el déficit en la cobertura de algunos
servicios o las ineficiencias en su administración.
La participación de la iniciativa privada enfrenta,
entre otros, el siguiente dilema: o se rige por el
criterio de rentabilidad, que implica no atender a
sectores que no pueden pagar y acabar con los
subsidios a algunos sectores de usuarios. Esto
beneficiaría a las empresas pero tendría altos
costos sociales y políticos. O se rige por un
criterio social y de política, que significa
mantener subsidios, hacerse de la vista gorda ante
fraudes de usuarios y dotar de servicios incluso a
sectores y regiones con insuficiente o nulo poder de
pago.
La
descentralización de funciones hacia los gobiernos
estatales y municipales es una medida necesaria, en
la que no se debe olvidar la máxima ambiental de
pensar globalmente y actuar localmente. Deberá
acompañarse, eso sí, de un intenso y profundo
proceso de capacitación y de participación democrática
de todos los usuarios. De lo contrario, se corre el
riesgo de que se privilegie a unos en detrimento de
la mayoría de los usuarios regionales.
La
idea gubernamental de que el mercado es, bajo
condiciones como la existencia de derechos claros de
propiedad, garantía de un adecuado aprovechamiento
del agua adolece de una falla: el agua no es un
recurso que se pueda dividir claramente y ser, como
los autos, propiedad de un determinado agente. Es un
bien público que circula constantemente, vía
lluvias, escurrimientos, infiltración y
evapotranspiración, a través de distintos
ecosistemas. Para el uso eficiente y equitativo del
agua se requiere, por tanto, mecanismos públicos de
gestión, ampliamente aceptados y legitimados entre
los usuarios, si es que quiere garantizarse su
cumplimiento.
Lo
anterior nos liga a la indispensable promoción de
la cultura del agua. La cual no debe reducirse a un
conjunto poco organizado de campañas publicitarias
e inclusión de páginas ecologistas en libros de
texto gratuito. La percepción de los problemas
asociados al uso social del agua, el convencimiento
de que es necesario optimizar su consumo y disminuir
o revertir su deterioro deben formar parte del ser y
deber ser del sistema de normas de la sociedad
mexicana. El despilfarro y el acaparamiento deben
ser socialmente sancionados, así como aplicado el
castigo legal por incumplimiento. Sólo entonces se
podrá romper con la ancestral costumbre de acatar
las leyes pero no cumplirlas.
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Nordel,
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de agua para la industria y otros usos. cecsa, segunda edición,
México, df, 1961.
ACERCA
DE LA AUTORA
Patricia
Romero Lankao,
nació en la ciudad de México. Es socióloga
ambiental y candidata a doctora en Ciencias Sociales
por la uam-Xochimilco, México y en Ciencias
Agrarias por la Universidad de Bonn, Alemania.
Trabaja como profesora-investigadora, titular B en
el departamento de Política y Cultura de la uam
-Xochimilco. Ha publicado libros y artículos de
libros acerca del uso y gestión del agua en la
ciudad de México, el valle de Lerma, Xochimilco y
el valle del Mezquital, así como debates teóricos
y normativos en torno a la sustentabilidad. Ha
publicado diversos artículos de política ambiental
en torno a la industria y artículos periodísticos
referentes a temas ambientales en los diarios La
Jornada, El Financiero y Reforma. Obtuvo mención
honorífica en el Premio Serfín del medio ambiente.
Ha sido becaria de las fundaciones Konrad Adenauer y
Ford, John D. and Catherine T. Mc Arthur, William
& Flora Hewlet.
QUE
PODEMOS HACER
·
El
agua hoy en día es un recurso caro y limitado, por
su valor y por lo que significa para el futuro. No
importa que tanto llueva, dependemos de costosos y
complicados medios para transportarla, no la
desperdicies nunca.
·
Ahorrando
agua se ahorra energía. Se requiere electricidad
para los sistemas de bombeo y purificación que
hacen posible la entrada de agua limpia en nuestras
casas.
·
Si
ahorras agua, ahorras
dinero: utilizando los dispositivos suministrados y
atendiendo las recomendaciones reducirás el consumo
de agua y lograrás: ahorro en tu cuenta de agua,
ahorro en el gasto de gas y energía. Y les quitarás
problemas a futuras generaciones.
·
Arregla
fugas, revisa tus instalaciones.
·
En
la regadera, se puede poner un reductor de flujo o
una regadera ahorradora, se puedes utilizar una
cubeta para recoger el agua mientras se calienta, o
recoger el agua de la tina y reutilizarla para regar
plantas, lavar el coche, el patio, el inodoro, etcétera.
·
Si
sólo haces pipí, no le jales hasta que otra
persona vaya
a hacer lo mismo, aguanta muy bien dos o tres
orinaditas sin ningún problema.
·
No
tires colillas, pañuelos desechables y otro tipo de
basura al inodoro.
·
En
muchos lugares aún se gastan de quince hasta veinte
litros en cada desagüe del inodoro, coloca una o
varias botellas o bolsas de plástico llenas de agua
en el tanque, o bien unos ladrillos, para que no se
llene a toda su capacidad.
·
Cuando
te laves los dientes o te rasures no dejes el agua
del grifo correr, ciérrala.
·
No
laves el coche con la manguera, utiliza una cubeta y
una jerga.
·
No
riegues tu jardín o macetas en la mañana, hazlo al
atardecer, así evitarás la evaporación.
·
Si
compras agua embotellada o en hielo, verifica que
cumpla con las normas de calidad existentes.
·
Exige
a nuestros gobernantes que se cancelen las
concesiones de riego agrícola con aguas residuales
en cultivos restringidos.
·
Verifica
que las plantas de tratamiento de aguas residuales
realmente funcionen, forma
comisiones de vigilancia.
·
Reporta
drenajes que lleguen directamente a lagunas, lagos,
ríos, o al mar.
·
Convence
a los industriales de tu zona que la instalación de
plantas de tratamiento debe verse como una inversión
y no como un gasto ecológico.
·
Si
vives en un poblado chico o mediano, aún estás a
tiempo de no permitir que se revuelvan las zonas
industriales y las residenciales, ¡exige
planificación!
Para
saber más
Marsal
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de Suelos y Cimentaciones. Facultad de Ingeniería, unam.
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General de Obras, México, df.
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Vertientes,
Revista
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df, 1997.
Con
quién y adónde acudir
uConsultoría
ambiental
Patricia
Romero Lankao
