Cumbre
de la Tierra
Agenda
21
Ana
Silvia Arrocha
Introducción
Hasta
principios de los años setenta se encuentran las
primeras referencias sobre la relación existente entre
medio ambiente y desarrollo. En 1972, en Estocolmo,
Suecia, se celebró la primera reunión mundial sobre
medio ambiente durante la Conferencia sobre el Medio
Humano, en la cual participaron representantes de 113
naciones. La conferencia recogió las principales ideas
y planteamientos, no compartidos por todos los países
industrializados y por casi ninguno de los países en
desarrollo. En
esa conferencia se reconocieron muchos de los problemas
ambientales y se examinó su relación con las políticas
económicas y de desarrollo.1 De igual
manera, se aprobaron una serie de recomendaciones que
dieron pie a que los países que aún no habían
iniciado programas de protección al ambiente comenzaran
a diseñar políticas con dicho objetivo.
En
1983, La Organización de las Naciones Unidas estableció
la Comisión mundial sobre el medio ambiente y el
desarrollo.
Cuatro
años más tarde salió a la luz el reporte de dicha
comisión: Nuestro
futuro común, también llamado informe Brundtland,
en el cual se describen los peligros derivados de un
desarrollo no sustentable. esto es, prácticas que no
hacen compatible la conservación del ambiente y el
aprovechamiento racional de los recursos naturales.
El
concepto de desarrollo
sustentable presentado en 1987 por el informe
Brundtland estuvo inspirado en ideas de biólogos y
economistas pero sin la debida articulación entre todos
los aspectos y vertientes del desarrollo.
Sin embargo, el concepto aún no acabado ni
definido con precisión fue adoptado en Río de Janeiro
como pieza angular, “Es desarrollo sustentable aquel
que se lleve a cabo sin comprometer la capacidad de las
generaciones futuras para satisfacer sus propias
necesidades” 2
Posteriormente,
se solicitó a la Asamblea General de Naciones Unidas
que convocara a una conferencia internacional “para
examinar el progreso logrado y promover arreglos
complementarios... para establecer indicadores y
mantener el progreso humano conforme a las directrices
que sugieren las necesidades humanas y las leyes
ambientales”. 3
La
Comisión advertía en su informe, que la humanidad debía
cambiar los modos de vida y de interacción comercial si
no se deseaba la venida de una era con inaceptables
niveles de sufrimiento humano y degradación ecológica.
El
desarrollo sustentable supone una política a largo
plazo que deberá atender las necesidades presentes sin
comprometer la satisfacción de las necesidades de las
generaciones futuras, en función de los recursos
naturales disponibles, con niveles menores de
contaminación de suelos, aguas y atmósfera, y
encaminada al mejoramiento de la calidad de vida del ser
humano y el hábitat que lo rodea. El desarrollo
sustentable, entendido como política, deberá ser
implantado a nivel global, nacional y regional y deberá
descansar en la equidad distributiva. Por eso, para los
países en desarrollo se trató de una conferencia de
justicia, promotora de la reducción de las
desigualdades entre el mundo desarrollado y en
desarrollo.
En
1989, la onu
inició los trabajos de planificación de la Conferencia
sobre el medio ambiente y el desarrollo en la cual se
trazarían los principios para alcanzar un desarrollo
sustentable. Durante dos años, numerosos expertos se
dedicaron a concertar acuerdos para allanar el camino
hacia Río de Janeiro, al igual que miles de miembros de
ong, grupos
de empresarios, científicos y grupos indígenas
colaboraron en la organización de la cumbre.
Cumbre
de Río de Janeiro
La
cumbre de la Tierra
organizada por la Conferencia de las Naciones Unidas
sobre el medio ambiente y el desarrollo, se celebró en
Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio de 1992.
Asistieron a esta reunión, los jefes de Estado o
de gobierno de 179 países, representantes de
organizaciones civiles de muchos países, mujeres, jóvenes,
periodistas, defensores de derechos civiles, docentes,
empresarios, autoridades locales, representantes de
pueblos indígenas, científicos e investigadores,
dirigentes religiosos y sindicalistas, entre otros, para
discutir compromisos en relación con el medio ambiente
y un desarrollo sustentable del mundo para el siglo xix.
Para los países en desarrollo se trató de una
conferencia sobre el desarrollo y la justicia.
En
la Cumbre de la Tierra, se concertaron dos acuerdos
internacionales y se formularon dos declaraciones de
principios y un programa de acción de desarrollo
mundial sustentable:4
Declaración
de Río sobre el medio ambiente y el desarrollo,
en cuyos 27 principios se definen los derechos y
responsabilidades de las naciones en la búsqueda del
progreso y del bienestar de la humanidad;
Programa
21,
también llamado Agenda 21,
plan de acción mundial con normas tendientes al logro
del desarrollo sustentable desde el punto de vista
social, económico y ecológico;
Declaración
de principios
para orientar la gestión, la conservación y el
desarrollo sustentable de todos los tipos de bosques.
Convención
marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático
para lograr la estabilización de los gases de efecto
invernadero que afectan el sistema climático mundial.
Convenio
sobre la diversidad biológica
el cual exhorta a los países a encontrar cauces y
medios para preservar la variedad de especies vivientes
y velar por la distribución equitativa de los
beneficios del aprovechamiento de la diversidad genética.
La
humanidad se enfrenta a la pobreza, el hambre, las
enfermedades, el analfabetismo, la degradación de los
ecosistemas, y las disparidades socioeconómicas continúan
aumentando. El equilibrio entre ambiente y desarrollo
parece ser el único camino para asegurar la
sobrevivencia de la Tierra.5
La
Agenda 21 no es jurídicamente obligatoria. Sin embargo,
es de esperar por parte de los gobiernos que asuman un
serio compromiso para su aplicación.6
Según
el Informe Brundtland, el más grave problema radica en
el uso de energía de origen fósil: petróleo, carbón
y sus productos y el gas natural. Países miembros de la
opep y
China se opusieron a la incorporación dentro de la
Agenda 21 del capítulo sobre eficiencia energética y
racionalización en el consumo de dicha energía.
No olvidemos que el consumo de dichos
combustibles es la causa de tres de los grandes
problemas ambientales: el cambio climático, la
degradación de la calidad del aire en las grandes
ciudades y la lluvia ácida.
La
Agenda 21 explica que la población, el consumo y la
tecnología son las principales fuerzas determinantes
del cambio ecológico. Contiene estrategias y un
programa integral de medidas para detener y revertir los
efectos de la degradación ambiental y promover un
desarrollo sustentable y ambientalmente limpio en todas
las naciones.
La
agenda está dividida en cuatro secciones. La primera se
refiere a la dimensión social y económica; la segunda
se relaciona con el manejo y la conservación de los
recursos para el desarrollo; la siguiente aborda las
funciones de los grupos mayoritarios, y la última parte
analiza los significados de la ejecución de cada una de
ellas.7
Dimensiones
sociales y económicas
La
asociación y cooperación entre las naciones es
esencial para el funcionamiento eficiente y equitativo
de la economía mundial. El desarrollo sustentable
requiere inversiones crecientes en los países en vías
de desarrollo, así como un uso eficiente de los
recursos financieros. Este comentario es pertinente toda
vez que durante muchos años los países en desarrollo
aun cuando recibieron transferencias de fondos
internacionales no pudieron controlar la corrupción
y asegurar un sistema eficaz y honrado en la
administración pública.
Por
lo anterior, la Agenda 21 recomienda que los Estados
deberán interrumpir y revertir el proteccionismo y
promover una libre competencia, asegurar una política
de exportaciones e importaciones que favorezcan el
desarrollo sustentable, verificar que las
reglamentaciones ambientales no se conviertan en
instrumentos de discriminación arbitraria y favorecer
esquemas de financiamiento y reducción de la deuda
externa de los países en desarrollo.
La
pobreza es causada por numerosos factores, por lo que no
existe una solución única para afrontar el problema. Los Estados procurarán eliminar el analfabetismo, mejorar
los servicios de atención médica, promover la creación
de empleos, y en general, garantizar una mejoría en las
condiciones de vida de la población impulsando el
desarrollo regional y la participación de las
comunidades locales, ong
e indígenas.
En
materia de modelos de consumo, el programa señala los
Estados deberán considerar las limitaciones ecológicas
del planeta, llevar a cabo una política eficiente de
producción y disminuir el consumo, aplicar la legislación
ambiental de manera eficiente, estimular la
transferencia de tecnologías limpias y garantizar el
acceso a la información, la educación y la
sensibilización pública.
Respecto
a la dinámica demográfica y la sustentabilidad, los
Estados promoverán programas de planeación familiar y
de salud dirigidos, especialmente, a la atención de los
niños y para la erradicación de la pobreza.
Por
cuanto hace a la salud humana, establece que se deberán
reforzar las campañas de vacunación y el control de
enfermedades como el sida,
dar preferencia a los programas de educación y prevención
de enfermedades; ejecutar medidas de saneamiento básico
para los niños, aprovechar los conocimientos
tradicionales en la materia y controlar la distribución
y uso de plaguicidas para reducir a niveles mínimos los
riesgos para la salud.
La
urbanización forma parte del proceso de desarrollo, sin
embargo en un creciente número de ciudades se observan
síntomas de la crisis global del ambiente, por lo que
los Estados deberán
favorecer asentamientos humanos sustentables, dotados de
servicios básicos de saneamiento, agua potable y de
recolección de basura; apoyar programas de acción de
tecnologías eficientes, tales como las energías solar, hidrológica, eólica; diseñar
estrategias en materia de transporte público y
estimular la creación de microempresas. También se
prevé que los gobiernos alienten el establecimiento de
ciudades intermedias en las que se apoyen los programas
de empleo y de vivienda.
Por
último, en esta sección establece que los gobiernos
deberán realizar un gran esfuerzo para integrar las políticas
económicas y las de protección del ambiente,
desarrollar esquemas de evaluación de los recursos
naturales y de los servicios que estos prestan al
desarrollo, asimismo, los Estados deberían invertir en
la educación, la capacitación y la ciencia y la
tecnología.
Conservación
y gestión de los recursos.
Para
la protección de la atmósfera, la Agenda 21 propone
que los Estados: modernicen los sistemas energéticos y promuevan el uso de tecnologías más armónicas con el medio
ambiente, impulsen nuevas alternativas para combatir la
contaminación atmosférica en lo que se refiere a la
concentración de gases invernadero y otros que provocan
el calentamiento global y establezcan programas de
consumo energético eficiente.
Las
actividades humanas provocan el desgaste, degradación y
erosión de los suelos. Para revertir estos procesos,
los Estados deberán desarrollar políticas de uso de
suelo en armonía con los intereses de las comunidades y
el aprovechamiento sustentable de los recursos
naturales, elaborar planes de ordenamiento ecológico
que integren prácticas tradicionales e indígenas
adecuadas, mejorar y hacer efectiva la legislación en
la materia, y alentar la participación de las
instituciones y grupos en la toma de decisiones.
En este capítulo se incluye un calendario vital
a ser aplicado antes del año 2000.
En
materia de lucha contra la desertificación los
gobiernos deberán invertir en la reforestación y
control de incendios y plagas, y en la investigación
sobre recursos forestales; ejecutar una política
forestal que fomente la creación de microindustrias de
transformación que no sólo utilicen la madera sino los
demás productos forestales, tales como plantas
medicinales, mimbre, bambú, tintes vegetales, fibras y
artesanías locales.
De igual manera, señala que los gobiernos deberán
construir áreas verdes en zonas urbanas, fomentar el
turismo ecológico y reducir el daño causado a los
bosques mediante el ordenamiento sustentable de las
zonas adyacentes a los mismos.
Con
el mismo propósito los gobiernos deberán adoptar
planes sustentables para el uso de tierras y elaborar
planes de ordenamiento de recursos hídricos, llevar a
cabo programas acelerados de forestación y manejo
ambiental; impulsar la ejecución de programas de energía
alternativa reduciendo el consumo de carbón de leña,
capacitar a la población rural con programas de
agrodesarrollo y conservación de agua y suelos y
mejorar las condiciones de vida de las zonas rurales. En
cuanto a este capítulo, ya se cumplió una de las
propuestas del Programa 21, pues ya se firmó la Convención internacional sobre lucha contra la desertificación,
cabe señalar que México fue el primer país en
firmarla y que ya se encuentra en ejecución un programa
en consecuencia.
En
materia de conservación de la biodiversidad,
agricultura sustentable y desarrollo de las regiones
montañosas la Agenda establece que los Estados, en
coordinación con las ong
y las instituciones privadas, deberán invertir en
programas de manejo ambiental y conservación de
recursos naturales, impulsar métodos tradicionales de
agricultura con la participación de las comunidades
locales en el manejo de ecosistemas, desarrollar y
fomentar el uso de tecnologías sustentables, crear áreas
para la protección, rehabilitación
y aprovechamiento sustentable de los ecosistemas.
Como
herramienta que promete contribuir de manera
significativa al desarrollo sustentable se encuentra la
biotecnología, la cual deberá ser utilizada y dirigida
para mejorar las cualidades nutricionales de los
productos alimenticios,
desarrollar vacunas y otros tipos de medicamentos
para la prevención y cura de las enfermedades, mejorar
la resistencia contra las plagas en la agricultura,
rehabilitar los mediante la reforestación, el
tratamiento de aguas, y la reutilización de desechos
orgánicos. Los Estados deberán apoyar los programas
nacionales científicos-tecnológicos, de capacitación
profesional con inversiones y financiamiento.
En
materia de protección y gestión de los océanos los
Estados deberán prever la degradación de los
ecosistemas marinos, informar a la población de los
riesgos de la contaminación, velar por la aplicación
de la legislación en materia de contaminación;
proteger, manejar y conservar los arrecifes, los
estuarios, los pantanos y otras áreas oceánicas;
promover la investigación y capacitación, mejorar las
condiciones de vida de los pescadores y la comunidad
local.
Para
la protección de las aguas dulces, los objetivos para
el año 2000 son proporcionar agua potable para todos
los ciudadanos, así como garantizar el saneamiento básico
y reciclaje de los desechos sólidos de las zonas
urbanas, controlar y combatir las enfermedades
transmitidas por el agua contaminada. Impulsar la
investigación para el manejo de los ecosistemas acuáticos
y el agua potable. También deberá instituirse la
obligatoriedad de presentar estudios de impacto
ambiental para todos los grandes proyectos hídricos de
desarrollo y fomentarse el uso de fuentes distintas del
agua dulce.
El
capítulo correspondiente al uso adecuado de los
productos químicos tóxicos señala que los gobiernos
deberán ejercer un control de las emisiones por medio
de inventarios, la expedición de normas para la
utilización de dichos productos y la regulación de la
exposición a los mismos. Las industrias deberán,
generar y aceptar códigos internacionales de principios
para prevenir y combatir los riesgos de impacto
ambiental, adoptar medidas para la difusión de la
información y capacitación al público acerca de
emisiones tóxicas, desarrollar un sistema internacional
de patrones de señalización y velar por la rigurosa
equidad en el control y empleo de los productos químicos
sin que exista diferencia entre los países.
En
materia de residuos, los Estados deberán solicitar y
dar asistencia para la innovación industrial a fin de
reducir y combatir la producción excesiva de residuos
peligrosos, efectuar auditorías ambientales en las
industrias y verificar el manejo adecuado en las mismas,
impulsar procesos de reciclaje, invertir conjuntamente
con las empresas en investigaciones que busquen
alternativas energéticas, mejorar los sistemas de
irrigación, impulsar la educación para la prevención
de enfermedades y el tratamiento adecuado de los
desechos. Respecto
de los residuos radioactivos
los gobiernos deberán con las organizaciones
internacionales para fomentar prácticas que limiten y
reduzcan a un mínimo el volumen de estos residuos,
velar por su almacenamiento, tratamiento, transporte y
eliminación en condiciones seguras, proporcionar a los
países en desarrollo asistencia técnica necesaria para
el manejo adecuado de los residuos, promover formas
alternativas de energía, respetar el Código de Práctica
sobre Movimientos Transfronterizos de Desechos
Radioactivos y
no exportar los desechos radioactivos.
La
función de los grupos sociales
Mediante
el Programa 21, los gobiernos convinieron en el logro de
metas, políticas y mecanismos que sólo podrán
convertirse en realidad con la participación real de
todos y cada uno de los sectores de la sociedad. La
amplia participación social en todas las etapas de la
gestión ambiental, asociada a la responsabilidad frente
a las acciones emprendidas, es condición necesaria para
alcanzar el desarrollo sustentable.
Los
gobiernos deberán permitir al público el acceso a toda
información concerniente al medio ambiente y el
desarrollo para permitirles fundamentar sus decisiones.
Fomentarán programas de educación y capacitación y la
ejecución de acuerdos institucionales para el
desarrollo sustentable con los diferentes sectores.
Respecto
a los grupos sociales mayoritarios, los Estados deberán
cumplir lo siguiente:
.
Mujeres.
Desarrollar nuevas estrategias para reducir obstáculos
legales, culturales y económicos, asegurar su
participación en los procesos de gestión ambiental
mediante la educación, capacitación, el acceso a los
servicios de salud, entre otros.
Abolir la discriminación y reducir la carga de
trabajo pesado de las mujeres, instalando guarderías y
escuelas maternales.
.
Niños
y jóvenes.
Garantizar la educación y su efectiva participación en
los procesos de toma de decisiones, vigilar los abusos
infantiles, incluyendo los sexuales, con mecanismos
legales nacionales e internacionales. Velar por que
gocen de servicios de salud, vivienda y alimentación
adecuada.
.
Comunidades
indígenas.
Velar por la protección de sus tierras y sus recursos
naturales. Incorporar la legislación nacional los
derechos y obligaciones de las poblaciones indígenas.
Promover la adopción de prácticas tradicionales para
el desarrollo de tecnologías alternativas compatibles
con el medio ambiente. Proteger la propiedad de las
poblaciones, incluyendo sus ideas y
conocimientos y fomentar su participación en la
formulación de legislaciones y políticas.
.
Organizaciones
no gubernamentales.
Incorporarlas en los procesos de toma de decisiones, de
revisión y análisis de cómo se están llevando a cabo
las metas y objetivos de la Agenda 21 y especialmente,
favorecer su participación en la ejecución de planes
de desarrollo sustentable. De igual manera, promover
legislaciones que les concedan el derecho a recurrir a
los medios jurídicos para salvaguardar el interés público.
En este sentido, las reformas de la Ley General
del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente
de nuestro
país ha dado un primer paso respecto del reconocimiento
del interés jurídico para las organizaciones locales
vecinas de obras que puedan afectar el medio ambiente.
.
Autoridades
regionales.
Promover la descentralización de funciones y
responsabilidades ambientales, toda vez que las mismas
se encuentran más cerca de los problemas que se
originan en sus comunidades: educación, dotación de
agua potable, servicios de salud, etcétera.
.
Trabajadores
y sindicatos.
Promover su participación en la formulación de la política
laboral, estrategias industriales, insalubridad y
transferencia de tecnología, promover y fomentar, junto
con los empresarios programas de educación y capacitación.
.
Industrias y comercios. Deberán aumentar los
incentivos para la reconversión tecnológica y el uso
racional de la energía y expedir leyes que fomenten una
gestión ambiental integral. Desarrollar estrategias y
planes para un manejo ético de los productos, energía
y desechos industriales.
.
Científicos
y técnicos.
Promover la creación de un sistema eficiente de
comunicaciones, desarrollar y apoyar estrategias para la
investigación, proporcionarles información y vincular
su quehacer con las actividades industriales.
.
Agricultores.
Desarrollar estrategias sustentables para la
agricultura, prácticas y tecnologías adecuadas,
auxiliarlos en el manejo de plantaciones, fomentando el
desarrollo de microempresas para las comunidades indígenas.
Invertir en el campo y para la mejoría de las
condiciones de vida de los trabajadores rurales.
Introducir conceptos ecológicos para el desarrollo de
sus prácticas agrícolas y elevar los precios de sus
productos.
Medios
para la puesta en práctica.
Para
llevar a cabo el Programa 21 es necesario voluntad política
apoyada por recursos financieros y tecnológicos de los
países industrializados hacia los países en
desarrollo, y con especial cuidado hacia las naciones
cuya economía atraviesa una fase de transición, las
cuales enfrentan enormes tensiones sociales y políticas.
También se requieren fondos para que los distintos órganos
internacionales puedan poner en práctica las
recomendaciones de dicho Programa.
Sin
embargo, cabe apuntar que la Agenda no contiene un
esquema fuerte en materia de financiamiento, pues sólo
hace referencia vaga al cumplimiento de destinar el 0.7
por ciento del pib
nacional a la asistencia del desarrollo
sustentable y siempre y cuando sea posible para el país.
En
este orden de ideas, debe revisarse la legislación
ambiental internacional para hacerla más efectiva, que
promueva la integración de políticas ambientales y de
desarrollo, con la eliminación de prácticas
comerciales que presenten un obstáculo para este fin.
Se deberá promover un esquema justo de participación
en la toma de decisiones internacionales tanto para los
países industrializados como en desarrollo y considerar
la posibilidad de ampliar y fortalecer los mecanismos
para identificar, prevenir y solucionar prácticas
comerciales que no sean compatibles con la preservación,
conservación del medio ambiente y el aprovechamiento de
los recursos naturales y en el mundo.
La
situación de México
Debe
reconocerse que en México apenas se empieza a plantear
la elaboración de una política integrada para la
ejecución de la Agenda 21. Existen diferentes grados de
avance en ciertos capítulos de la agenda, es grave
comprobar que a cinco años de distancia de la
Conferencia de Río no se pueda señalar un solo país
que haya iniciado una política de desarrollo
sustentable y México no es la excepción.
Trasladados los compromisos internacionales a México,
se comprende que no será fácil transitar hacia el
desarrollo sustentable.
El
amplio consenso en torno a la necesidad de un desarrollo
sustentable entraña un compromiso compartido para
realizar cambios significativos en la conducción de las
economías de los países. Para ello se requieren
profundas transformaciones institucionales, tecnológicas
y de patrones culturales y de producción y consumo.
Además del componente social, caracterizado por su
aguda desigualdad, el objetivo de la equidad queda aún
más distante.8
Sin
embargo, la participación efectiva de la sociedad podrá
ir allanando el camino hacia el alcance de los objetivos
de la Agenda 21. México tiene que realizar su máximo
esfuerzo posible para encauzar su desarrollo hacia
niveles crecientes de sustentabilidad. La evaluación
deberá partir de cambio, más que de metas objetivo
ajenas las circunstancias concretas de nuestro país.
Notas
y Bilbiografía
1Urquidi,
L. Víctor. Economía, política ambiental y desarrollo
sustentable. Grupo de diputados ciudadanos. Talleres Gráficos
de la Cámara de Diputados. 1996, pág. 9.
2Comisión
Brundtland, Nuestro futuro común. Alianza Editorial,
Madrid 1987.
3
onu
Declaración de gro Harlem Brundtland. En Informe de las
Naciones Unidas de la Conferencia sobre el medio
ambiente y el desarrollo. Vol. ll, actuaciones de la
conferencia, anexo II. pp. 52-55.
4
Keating, M. Cumbre para la Tierra. Programa para el cambio. Centro para Nuestro
Futuro Común. 1993. Pág. VIII.
5
Sato, M. et al. Sinopsis
de la Agenda 21, Semarnap/PNUD. 1997.p 37.
6Azuela
et. al. coordinadores. Desarrollo
sustentable. Hacia una política ambiental. unam.
1993, p 22.
7
Sato, Michéle et
al. Sinopsis
de la Agenda 21., op.
cit. p 37.
8Urquidi,
L. Víctor. Economía, política ambiental y desarrollo
sustentable
Acerca
de la autora
Ana
Silvia Arrocha Contreras,
nació en México df
en mayo de 1968. Sus estudios universitarios los realizó
en la Universidad Panamericana y obtuvo el título de
licenciada en Derecho. Trabajó en el despacho de
abogados Bufete Sepúlveda, posteriormente pasó al
despacho del abogado Alberto Székely con el cual
colaboró como abogada durante tres años. Actualmente
se desempeña como secretaria técnica de la Comisión
de Ecología y Medio Ambiente de la Cámara de
Senadores. Es titular de la materia de derecho ambiental
en la Facultad de Derecho de la Universidad
Panamericana. Ha participado en seminarios de
especialización en materia de amparo, propiedad
intelectual, bioseguridad, variedades vegetales y acceso
a recursos genéticos. Ha elaborado estudios en materia
de participación social, sobre indígenas y medio
ambiente. Ha impartido pláticas acerca del derecho a la
información y acerca de las reformas a la Ley general
del Equilibrio Ecológico y la Protección
al
Ambiente.
Para
saber más
Agenda
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