Martha Delgado Peralta

A partir del cuestionamiento sobre "Los límites del crecimiento" que el profesor Meadows del MIT presentó al Club de Roma en 1972, y de la primera Conferencia de las Naciones Unidas sobre Ambiente Humano realizada en Estocolmo en el mismo año, las sociedades modernas comenzaban a reconocer los principios de Barry Commoner, uno de los padres del ecologismo: que todos los seres vivos somos interdependientes; que las emisiones contaminantes no se destruyen sino que siempre van a otra parte; que no existe "comida gratuita" y que su producción cuesta en energía; y que la naturaleza es más sabia que nosotros.

Eran épocas también caracterizadas por la efervescencia en la organización de la sociedad civil, movilizada en torno a causas no asistenciales como la democratización de los gobiernos, la defensa de los derechos humanos, las reivindicaciones étnicas y de las minorías, la lucha por la igualdad de los géneros, y por supuesto, el mejoramiento del medio ambiente, a través del denominado movimiento ambientalista.

En México, a contracorriente de una sociedad acostumbrada a organizarse de otras formas, desde mediados de los ochenta, independientes políticamente, sin bandera religiosa y sin conflicto ideológico izquierda - derecha, los ecologistas encontraron interlocución con los medios de comunicación y lograron llevar sus propuestas e ideas a nivel nacional e internacional, con una importante participación en la Cumbre de la Tierra organizada en Río de Janeiro en 1992.

Sin embargo, aquel movimiento ambientalista de 1984 que hacía una crítica de fondo al modelo de desarrollo vigente al tiempo en que salía a las calles de la Ciudad de México para manifestarse en contra de la construcción de la Planta Nuclear de Laguna Verde, está muy lejos de ser y de parecerse al movimiento ambientalista actual, cuyo único rasgo característico es su diversidad de luchas y formas de actuación, y el cual ha pasado de ser denunciativo, a participar activamente en las soluciones y propuestas.

Los asuntos ambientales han adquirido tal complejidad, que los grupos ambientalistas se parecen poco entre sí, encontrando sus causas particulares en problemas tan diversos como la contaminación del aire, del agua, del suelo, la erosión, el manejo de residuos peligrosos y desechos sólidos, los impactos ambientales, el ordenamiento ecológico del territorio, el manejo de áreas naturales protegidas, la defensa de especies amenazadas o en peligro de extinción, la legislación ambiental, la educación ambiental, el derecho a la información, el cambio climático, las ecotecnologías, energías alternativas, agricultura orgánica, transgénicos, etc.

Y no solo existe una diversidad de "subcausas", sino de formas de tramitarlas, que van desde la organización de grupos comunitarios organizados en torno a problemas ambientales concretos, hasta formación de instituciones y fundaciones que desarrollan proyectos específicos en su mayoría con financiamiento internacional, organizaciones de carácter científico, de consultoría, educativas, etc.... algunas también consideradas como grupos ambientalistas.

Esta variedad de temas y métodos ha dividido al movimiento en conservacionistas, dedicados a la protección de la biodiversidad y de los ecosistemas, acotando su actuación a los temas "verdes" (recursos naturales); y ambientalistas, quienes en la búsqueda de un desarrollo sustentable incorporan temas "cafés" o "grises" a sus agendas de trabajo (emisiones contaminantes), pero también dimensionan sus acciones abordando la componente social del problema (pobreza, economía, comercio). Existen también quienes separadamente denominan ecologistas a aquellos activistas que defienden la causa poniendo en práctica un sistema de vida saludable, de alimentación orgánica, deporte, contacto con la naturaleza y mezclando su acción con asuntos místicos.

En este contexto, a partir de la Cumbre de la Tierra en 1992 se crea la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap), como la iniciativa gubernamental más importante para elevar el rango del tema ambiental en el Poder Ejecutivo. Durante el presente sexenio, la Semarnap ha representando no solo un avance en la gestión ambiental de nuestro país, sino que ha constituido un reto importante para el movimiento ambientalista. Por un lado, la Secretaría convocó a muchos cuadros que venían trabajando desde la sociedad civil y sin duda alguna incorporó en su agenda de trabajo muchas causas por las que venían pugnando los ecologistas, dejando incluso a algunos de ellos sin causa. Por otro, se abrieron espacios de participación ciudadana como Consejos Consultivos y leyes que invocan a la intervención de las comunidades en la toma de decisiones, lo cual modificó las formas de actuación dentro del sector entre el gobierno y la sociedad civil organizada.

El avance de la gestión ambiental en los últimos 6 años es incuestionable, sobre todo en los temas "verdes". La comunidad de conservacionistas en México ha participado activamente en este proceso y también ha sido beneficiaria del enorme peso que ha tenido su causa en el gobierno saliente.

No obstante, la atención de temas "grises" ha estado rezagada, la administración ambiental está centralizada y el diseño institucional del gobierno federal ha sido cuestionado. Por un lado, existen dos posiciones respecto al diseño institucional de la dependencia federal para la atención de los asuntos ambientales: la del G-25 (grupo de 25 especialistas ambientales de los sectores social, privado, académico y gubernamental) cuya propuesta es la creación de una nueva Secretaría de Medio Ambiente y de un Gabinete de Desarrollo Sustentable, y la de la actual administración que aboga por continuar con la estructura de Semarnap como está.

La propuesta del G-25 está basada en el hecho de que más del 80% del presupuesto asignado a la Semarnap no se aplica estrictamente a asuntos ambientales, en el argumento de que la actual estructura es juez y parte en asuntos ambientales donde únicamente tendría que asumir una misión de protección y conservación (forestal, pesca, agua) y finalmente en el hecho de que los sectores ambientales mejores regulados no son los que están integrados de manera un tanto forzada en la jurisdicción de la Secretaría (forestal, agua, pesca) sino fuera de ella (industria), y que bajo ese criterio la Secretaría también podría incorporar los temas sobre energía, minería, agricultura, ganadería, desarrollo social, y una lista infinita de sectores relacionados pero no directamente ambientales.

Por su parte, la actual administración argumenta que la construcción una institución como Semarnap ha representado un esfuerzo muy importante para el sector, y que lo que se necesita es consolidar los programas iniciados y fortalecer institucionalmente a la Secretaría. Incluso han calificado a la propuesta del G-25 como el "desmantelamiento" de la Secretaría, cuando ciertamente está muy lejos de serlo, pero representa el sentir de un equipo que se comprometió con el diseño vigente y lo sacó adelante.

La comunidad de ambientalistas enfrenta desafíos importantes ante el cambio de gobierno. Primero, el de evaluar la gestión ambiental actual, y respaldar alguna de las dos alternativas, o bien crear una tercera haciendo un análisis concienzudo de lo que ha funcionado y lo que no. En este aspecto, es indispensable también la participación activa de los grupos para promover un proceso serio de descentralización que permita a los gobiernos locales hacerse cargo de problemas ambientales que afectan de manera directa a los municipios y estados.

En segundo lugar, requiere de encontrar espacios para tramitar la demanda ambiental de manera digna, ya que la causa se ha visto invadida por el oportunismo y la incompetencia de algunos grupos con fuertes alcances en la opinión pública, como el Partido Verde Ecologista de México, cuyo líder nacional Jorge González Torres (quien fuera funcionario de la Secretaría de Gobernación y Presidente del PRI en el Distrito 22 del DF) con el apoyo del propio sistema que acostumbraba crear partidos paraestatales para dividir el voto de la oposición, logró registrarlo como partido político en 1992. El PVEM no ha sido polémico únicamente por el autoritarismo de su dirigente y por ser un negocio familiar, sino por no haber contado nunca con el apoyo del movimiento ambientalista genuino de México, a pesar de comprar -literalmente- algunos simpatizantes. Usurpando la causa ambiental y haciendo gala de una ignorancia inaudita del tema, el PVEM capta algunos sectores sociales que se han dado por bien servidos con la existencia de un partido "verde" y se han conformado con votar por la opción en lugar de participar activa y seriamente.

Por último, el movimiento ambientalista ha dejado de ser un movimiento de demandas y reclamos para ser parte de las soluciones y de las propuestas. Esto representa un enorme avance y también implica retos institucionales importantes: requiere profesionalizar sus cuadros para ser competitivo en el interior de la comunidad ambientalista y ante otras causas; desarrollarse democráticamente en sus dirigencias; relacionarse más fuertemente con las comunidades arraigadas para comprometer cada vez a más personas con la causa ambiental; y participar activamente con el gobierno en la gestión ambiental, de una manera crítica pero tolerante y respetuosa, y al mismo tiempo luchando por formas de relación no corporativas entre el gobierno y la sociedad civil, que le permitan a los ambientalistas constituirse como grupos con espacios propios con capacidad de relacionarse con los gobiernos sin pasar a formar parte de ellos.