Las organizaciones campesinas y ambientalistas
“El campo no aguanta más”, Grupo de Estudios Ambientales (GEA),
Grupo ETC (Erosión, Tecnología y Concentración) y Greenpeace
exigieron al Senado que no se apruebe la llamada Ley de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados (LBOGMs) pues su actual contenido
lejos de proteger la riqueza biológica de México, sentará las bases
para la indiscriminada siembra y comercialización de organismos genéticamente
modificados en nuestro país.
“Los integrantes de El campo no aguanta más nos
oponemos a la posibilidad de que esta iniciativa sea aprobada, pues está
hecha a la medida de las corporaciones transnacionales, que están
a la expectativa de llenar el campo mexicano de semillas y
productos genéticamente modificados, con el único propósito de
obtener fuertes ganancias financieras y no de resolver la grave situación
que vive el sector rural mexicano y mucho menos de acabar con el hambre
en el mundo. Consideramos que México necesita una ley de bioseguridad
fuerte, porque así lo exigen las condiciones de nuestro país. No
podemos permitir que esta ley sea para complacer a las
corporaciones. Estas compañías en estos momentos operan
programas comerciales de venta de semillas transgénicas en México,
violando la única regulación existente. Además, el gobierno federal
apoya con recursos la compra y pago de regalías de semillas de
algodón y soya transgénica a través del Programa ASERCA”, aseveró
Víctor Suárez, vocero de El campo no aguanta más.
Las organizaciones señalaron además que el
proceso de redacción de esta ley por parte de los integrantes de las
comisiones de Ciencia y Tecnología, Medio Ambiente y Estudios
Legislativos Segunda del Senado ha estado plagado de irregularidades y
ni siquiera contó con una consulta amplia de por medio.
“Una de las contradicciones que más nos preocupa
es que el Protocolo de Cartagena sobre Seguridad de la Biotecnología,
única herramienta internacional disponible para regular el manejo de
los OGM y ratificada el año pasado por este mismo Senado, queda
totalmente limitado y debilitado dentro de esta iniciativa de ley,
cuando debería ser la base mínima de protección. Mientras tanto,
resulta que en esta iniciativa la ley quedaría totalmente sujeta a las
disposiciones de la Organización Mundial del Comercio (OMC), lo cual en
los hechos podría limitar la capacidad de hacer demandas por parte del
gobierno federal en el ámbito internacional o, incluso, podría
representar sanciones económicas para el país en los casos en que
pretenda proteger su riqueza biológica”, aseveró Catherine Marielle,
representante de GEA.
“Esta ley parece más una patente de corso para
las transnacionales agrobiotecnológicas. Es sorprendente que mientras
miles de organizaciones e instituciones internacionales de todo el mundo
están pendientes de cómo México va a resolver el grave problema de la
contaminación genética en el centro de origen del maíz, se proponga
una ley que no sólo va a legalizar la contaminación, sino que la va a
aumentar. Lo que se necesita son medidas enérgicas para proteger el maíz,
la biodiversidad y sobre todo el bien público, no una ley a la medida
de las transnacionales, misma que sin duda empeorará la contaminación”,
señaló Silvia Ribeiro, representante del Grupo ETC en México.
“Nos preocupa la cerrazón de algunos senadores.
En estos días hemos trabajado intensamente con los legisladores para
que incorporen a la iniciativa de ley los comentarios y propuestas de
las organizaciones campesinas y ambientalistas y se empeñan en señalar
que ‘80% de nuestras propuestas han sido incorporadas a la iniciativa,
que qué más queremos’. Esto no es verdad. El espíritu de esta ley
obedece al interés comercial y no al interés público. Desde luego,
las organizaciones no estamos promoviendo esto”, señaló Liza
Covantes, coordinadora de la campaña de ingeniería genética de
Greenpeace México.
Las organizaciones enumeraron y explicaron
las carencias y problemas más graves que esta ley tiene:
No contempla mecanismos para la participación
pública en aspectos de bioseguridad, incluyendo el acceso a la
información, la consulta pública y la participación de las
comunidades y de la ciudadanía en la toma de decisiones.
Pretende establecer instrumentos de fomento
a la investigación científica y tecnológica en biotecnología, rubro
que no compete a esta ley.
No es de orden público ni de interés
general o social.
Margina (no existe) el principio
precautorio, que debe ser la base de esta ley.
Cuando se habla de la protección de
centros de origen, áreas naturales protegidas y zonas de alta
biodiversidad se contemplan diversas salidas para que se puedan liberar
OGM en dichos lugares, cuando se debería prohibir claramente la siembra
o liberación.
Es débil la participación de la Semarnat
en la emisión de autorizaciones para liberar OGM, cuando debería ser
obligatoria su participación. Prácticamente, todas las facultades
recaen en la Sagarpa.
No da a estados y municipios la oportunidad
de conocer el proceso completo de la liberación de los OGM, desde la
petición de autorización, únicamente los involucra en la etapa de
monitoreo y vigilancia.
A las empresas se les garantiza la
confidencialidad y les dan diversas opciones para obtener la autorización
de liberar OGM, en tanto que a la sociedad no le dan acceso a la
información, no se establece la obligación de avisar a las comunidades
locales o campesinas próximas a los campos donde se pretenden liberar
OGM y no se toman precauciones para proteger los cultivos agroecológicos
que estén próximos a campos en los que se pretendan sembrar transgénicos.
No exige de manera específica el
etiquetado obligatorio de productos de consumo que sean derivados o
contengan transgénicos.
No establece la creación de un fondo de
emergencia por liberaciones de OGM accidentales.
La aplicación del Protocolo de Cartagena
sobre movimiento transfronterizo de OGM no está plenamente reflejada en
la iniciativa.
Cuando se estudia autorizar la liberación
de un OGM, no se contempla el estudio de opciones tecnológicas más
económicas o viables que los OGM.
"Con tantas carencias y
consideraciones hacia la industria, ¿cómo pueden decir los senadores
que esta iniciativa recoge las preocupaciones de los sectores campesino
y ambiental o de la sociedad en general? Esto es totalmente falso.
Queremos una ley de bioseguridad de interés público, no un instrumento
para la promoción de los cultivos transgénicos. Esta iniciativa no
contiene los puntos mínimos que establece el Protocolo de Cartagena. El
hecho de que México sea un país megadiverso y centro de origen de múltiples
especies importantes para la alimentación mundial exige un marco legal
que proteja esta riqueza”, dijo Covantes.
La actual legislatura tiene una gran
responsabilidad ante la sociedad mexicana. Es urgente una ley fuerte que
efectivamente regule el uso y manejo de los organismos transgénicos.
Instamos a los legisladores a que no se dejen intimidar por los
chantajes de las corporaciones agrobiotecnológicas y la industria de
alimentos. Deben legislar para todos y si estas compañías deciden no
acatar la ley, los ciudadanos las señalaremos como irresponsables. Les
recordamos que la contaminación genética del maíz está ahí, continúa
expandiéndose y el gobierno federal no ha hecho nada. Es necesario que
ustedes den claridad a las facultades del ejecutivo a través de esta
ley”, agregó Covantes.
Finalmente, las organizaciones señalaron
que la actual legislatura tiene prisa por legislar en “fast-track”
esta iniciativa y que esto no puede pasar. Se trata de un tema delicado;
nada menos que de proteger la diversidad biológica y genética de México.
Es preferible que la discusión se continúe en el siguiente periodo de
sesiones que pasar una ley que en vez de resolver los problemas
derivados del uso de la biotecnología, los potencie.
Más información con Cecilia Navarro a los teléfonos
5530-2165 o 5530-8967 o visitar la página www.greenpeace.org.mx.
