Siendo convocados por Alternativa Ciudadana 21, APN, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C., Presencia Ciudadana Mexicana, A.C. y la Unión de Grupos Ambientalistas, I.A.P. del 4 al 7 de diciembre del 2001 nos reunimos en el II Encuentro Nacional de Ecologistas los representantes de 64 organizaciones y redes ambientalistas procedentes de 26 entidades federativas, emitiendo el siguiente pronunciamiento:

PRONUNCIAMIENTOS DEL SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE ECOLOGISTAS

1. Dada la trascendencia económica y social, así como el importante impacto ambiental de los proyectos Escalera Náutica del Mar de Cortés, Plan Puebla - Panamá y Nuevo Aeropuerto Metropolitano, demandamos la amplia participación de la sociedad civil organizada y de las comunidades afectadas en la valoración de su viabilidad ambiental, económica y social, a través de la organización de reuniones informativas y foros de consulta, y exigimos el involucramiento directo de la comunidad en su diseño, ejecución y evaluación.
2. Tomando en cuenta la creciente demanda de energía eléctrica en México, los planes para exportar y el uso predominante de combustibles fósiles en su generación, demandamos que se establezca en México una política decidida para el desarrollo de energías renovables, de manera que no se construya ninguna planta más que no utilice sistemas alternativos.
3. Dado que el 80% dela población humana en el mundo se concentra en las ciudades, y en México éstas tienden a un crecimiento urbano desordenado, caótico e insustentable que rebasando cada día la frontera del campo que las sostiene, solicitamos la aplicación de planes y normas de desarrollo urbano sustentables basados en el ordenamiento ecológico del territorio, incentivando sistemas de transporte eficiente y limpio, e incluyendo la consulta pública.
4. Nos pronunciamos por la aplicación inmediata e integral del Programa General de Ordenamiento Ecológico del D.F.
5. Como medida preventiva prioritaria para evitar la contaminación radioactiva del Río Bravo y del Golfo de México, demandamos que el gobierno mexicano a través del Congreso de la Unión revise el caso WIPP, en base a los acuerdos y tratados internacionales en materia ambiental y problemas transfronterizos. Exigimos que se impida a los Estados Unidos abrogarse el derecho de declarar al Río Bravo como patrimonio propio.
6. Nos pronunciamos en contra de las recientes reformas constitucionales en materia de derecho y cultura indígena, por contravenir el espíritu del Convenio 169 de la OIT en materia de territorio, uso y acceso de los recursos naturales de los pueblos indios bajo sus formas tradicionales. Pedimos que se revise el caso y que se libere a los pescadores del Pátzcuaro.
7. México tiene derecho a la seguridad alimentaria, por lo que le demandamos una MORATORIA a la importación, liberación, comercialización y experimentación con organismos genéticamente modificados. Asimismo demandamos la aplicación del Principio de Precautoriedad y la promoción seria y responsable de la investigación sobre las consecuencias de la ingestión de los O.G.M en la salud humana. También exhortamos al Senado a aprobar el Protocolo de Cartagena sobre los organismos genéticamente modificados, así como a ratificar lo antes posible el Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistenes. Exigimos al Poder Ejecutivo la implementación urgente de una política para el manejo adecuado de sustancias tóxicas y plaguicidas, que garantice prevenir riesgos a la salud y al medio ambiente.
8. Nos pronunciamos en contra de la incineración como método para eliminar los residuos peligrosos, y por la moratoria a la instalación de incineradores en México. ¡No a la instalación del que pretende ser el incinerador más grande del mundo en Tlaxcala!
9. Nos pronunciamos en contra de la publicación y distribución del libro educativo del Partido Verde Ecologista de México, propuesto como libro de texto obligatorio en la educación básica nacional por parte del gobierno federal, por contener severas deficiencias tanto de orden didáctico como conceptual. Proponemos que se tome en cuenta el conocimiento, experiencia y materiales de las organizaciones ambientalistas dedicadas a la educación ambiental para incorporar esta dimensión a la currícula escolar en todos los niveles educativos.
10. Proponemos la elaboración urgente de una norma de empaques y embalajes, y de otra norma de ecoetiquetado, cuyos proyectos presentados por la sociedad civil se encuentran estancados en el INE desde 1992.
11. Exigimos aplicar la ley y que las autoridades competentes procedan inmediatamente al desalojo de invasores especuladores en terrenos de la Laguna de Coyuca, considerada en el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Acapulco como Área Natural Protegida.
12. Estamos en contra del proceso de concesión de las áreas naturales protegidas sin que se tome en cuenta el carácter social y de acceso a éstas por los distintos sectores de la población, en especial aquellas en las existen territorios de los pueblos indios y comunidades campesinas, a las cuales se les debe dar poder y apoyar para que puedan llevar a cabo por sí mismas el manejo y aprovechamiento sustentable de las áreas y recursos. Exigimos el cese a las amenazas de desalojo y reubicación forzosa de las comunidades indígenas tsetsales, tsotsiles, y choles asentadas en la Reserva de la Biosfera de Montes Azules, la solución definitiva y justa al problema agrario de las comunidades indígenas Chimalapas, así como respeto para establecer y manejar su propia reserva.
13. Estamos de acuerdo con la prioridad que la SEMANAT le ha conferido a los temas de bosques, agua y residuos sólidos; sin embargo no hemos visto avances de la Cruzada Nacional por los Bosques y el Agua, ni de la Cruzada Nacional por un México Limpio, por lo que solicitamos su implementación urgente, así como la definición de mecanismos de participación de las organizaciones de la sociedad civil en estas campañas.
14. Exigimos, de acuerdo a lo prometido por la SEMARNAT al inicio de la actual administración, consultas públicas en relación a las reformas a la legislación ambiental, reglamentos, nuevos reglamentos y normas oficiales mexicanas. Se comenta lo anterior, ya que la reciente iniciativa de reformas a la LGEEPA no fue consultada ni consensada con la sociedad.
15. Finalmente exigimos que se realicen auditorías ambientales a toda la industria petroquímica del país, con esquemas que permitan su supervisión ciudadana, y nos pronunciamos por el cierre definitivo de la Planta Nuclear de Laguna Verde.
    

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